2,225 monjas y religiosas, en su mayoría educadoras y 723 sacerdotes, de los cuales 483 eran miembros de órdenes religiosas, casi todos dedicados a la enseñanza fueron expulsados de Cuba.
Para fines de 1961 el gobierno había completado desmantelamiento de las estructuras eclesiales y los movimientos de acción católica en la isla.
Decenas de sus miembros, involucrados en movimientos políticos anticomunistas, enfrentaron el paredón de fusilamiento en nombre de la fe que profesaban.